El sector inmobiliario ha tocado zafarrancho de combate para forzar al Gobierno
a prorrogar urgentemente la vigencia de un decreto ley que aprobó en diciembre de
2008 para evitar que las promotoras entraran masivamente en causa de disolución,
como consecuencia del quebranto patrimonial ocasionado por la depreciación de sus
activos.
Este decreto, que introdujo temporalmente un régimen de excepcionalidad
a las causas de disolución societaria establecidas en la ley, ha expirado el 1 de
enero de 2010. Por el momento, el Gobierno no lo ha prorrogado o, al menos, nadie
es consciente de que lo haya hecho.
A día de hoy, los expertos calculan que más del 50% de las firmas inmobiliarias
tienen fondos propios negativos o, lo que es lo mismo, se encuentran en causa técnica
de disolución.
La Ley de Sociedades Anónimas y la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
obligan a las empresas bien a disolverse, bien a ampliar capital, si incurren en
unas pérdidas tales que su patrimonio neto quede reducido a una cantidad inferior
a la mitad de su capital social.
A finales de 2008, y anticipándose al desequilibrio patrimonial que, en el tejido
empresarial en general y en el inmobiliario en particular, iban a ocasionar las
ingentes dotaciones en las cuentas de resultados de 2008 por la depreciación de
los activos, el Gobierno aprobó de urgencia el decreto ley 10/2008 para evitar un
desastre inminente.
En la práctica, el Ejecutivo eximió de la obligación legal de disolverse o de ampliar
capital a todas aquellas empresas cuyo desequilibrio patrimonial hubiera sido causado
“por las pérdidas por deterioro derivadas del inmovilizado material, las inversiones
inmobiliarias y las existencias”.
Pero el Gobierno, tal vez pensando ingenuamente que en un plazo de dos años los
activos y las inversiones inmobiliarias volverían a recuperar los valores anteriores
a la crisis, limitó la vigencia de esta excepción legal a los ejercicios 2008 y
2009.
Al galope
Lejos de una revalorización, los activos inmobiliarios han agravado de forma galopante
su deterioro durante todo 2009. Salvo Renta Corporación y Reyal Urbis, que ya lo
han hecho, todas las inmobiliarias cotizadas presentarán, entre hoy y el lunes,
los resultados de 2009. Los expertos prevén que los 6.200 millones a los que ascendieron
las dotaciones por depreciaciones de activos de las cotizadas en 2008 sean peccata
minuta en comparación con los del ejercicio 2009.
Según fuentes del sector inmobiliario, las promotoras están negociando con el
Gobierno, a través del lobby G-14, una extensión legal del real decreto ley 10/2008.
Los expertos, no obstante, están divididos en torno a la fecha de la expiración
del decreto. Fuentes del sector inmobiliario señalan que, si bien formalmente la
exención legal caducó el 1 de enero de 2010, se extiende en la práctica hasta el
30 de junio de 2010, límite oficial para la presentación de las cuentas de resultados
de 2009.
El sector cree que la vigencia práctica del decreto se extiende hasta el 30
de junio de 2010
Desde ese momento, y siempre y cuando el Gobierno no extienda la vigencia del decreto,
las empresas tendrían otro año de plazo, hasta junio de 2011, para cerrar el negocio
vía concurso de acreedores o bien sobrevivir a través de una improbable ampliación
de capital, o mediante el trasvase del agujero patrimonial a la deuda y negociar
su refinanciación con las entidades financieras, las víctimas colaterales de esta
situación.
Pero los juristas no están de acuerdo con esta interpretación. Según Fernando González
González, presidente de Iure Abogados, una de las firmas más activas en España en
asesoramiento en procesos concursales, “el 1 de enero de 2010 cayó el escudo protector
y, hoy por hoy, no hay amparo legal para las empresas que se encuentren en desequilibrio
patrimonial”.
Este experto explica que “un administrador diligente de una empresa que se encuentre
en esta situación tiene la obligación legal desde el 1 de enero de estar al corriente
de la misma, y cuenta con dos meses de plazo (hasta el 1 de marzo de 2010) para
solventar el problema vía ampliación de capital. Si llegado este plazo, no presenta
concurso de acreedores (la única forma de cerrar una sociedad ordenadamente), “es
responsable solidario de las obligaciones de la empresa, es decir, tendría que responder
con sus bienes personales de las deudas societarias”.
Las implicaciones para las entidades financieras
Lo lógico es pensar que el Gobierno prorrogará, más pronto que tarde, la vigencia
de la disposición transitoria del real decreto 10/2008, o que, en su defecto, apruebe
una iniciativa legal en la misma dirección.
Las repercusiones de la negativa a renovar esta disposición no se limitarían al
sector inmobiliario (aunque sería la industria más afectada), sino a muchas otras
empresas que han incurrido en desequilibrio patrimonial entre los años 2008 y 2009.
Asimismo, el impacto en la banca sería muy contundente. Ya no sólo por su condición
de principal acreedora del sector inmobiliario, sino también porque una parte de
las grandes promotoras tiene ya como accionistas a las entidades financieras.
Fuente: http://www.expansion.com
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