- Según la APEI, la medida dignificaría a los profesionales del sector
- También garantizaría el buen servicio al consumidor
La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) iniciará tras
el verano una ronda de contactos con los responsables de vivienda de los Gobiernos
autonómicos. La finalidad es promover que cada comunidad autónoma cree un registro
obligatorio y público de agentes inmobiliarios. Esta iniciativa tiene su precedente
en un registro implantado en Cataluña, en funcionamiento desde el pasado mes de
febrero. De este modo, la asociación quiere garantizar el buen servicio al ciudadano
y dignificar la figura profesional del agente inmobiliario.
Cataluña es la comunidad pionera en implantar un Reglamento, que incluye el Registro
de agentes inmobiliarios, para regular la actividad de profesionales y firmas de
servicios de mediación inmobiliaria, asesoramiento y gestión en operaciones de compraventa,
alquiler o permuta.
Aunque las competencias están transferidas a las CC.AA., la APEI ya ha expuesto
la medida al MinisterioSegún la APEI, que tiene cerca de 1.000 profesionales de
la mediación inmobiliaria en toda España, este Reglamento "es un modelo a extender,
puesto que es una medida imprescindible para conseguir la dignificación del profesional
de la mediación inmobiliaria y, a la vez, garantizar la calidad y rigor en el servicio
que se ofrece los consumidores". Aunque las competencias en esta materia están transferidas
a los Gobiernos autonómicos, la APEI ha expuesto ya la conveniencia de la medida
al Ministerio de Vivienda.
"El 'boom' inmobiliario de hace unos años, acompañado de un crecimiento desmesurado
de agencias inmobiliarias que buscaban el dinero fácil, ha lesionado gravemente
la imagen del mediador inmobiliario, especialmente la de los agentes que llevamos
muchos años trabajando con profesionalidad", ha declarado Óscar Martínez, presidente
de esta asociación.
En este sentido, los requisitos necesarios en Cataluña para que los agentes inmobiliarios
puedan inscribirse en el Registro incluyen tener un establecimiento abierto al público,
acreditar formación, disponer de un seguro de responsabilidad civil que garantice
los daños y perjuicios que puedan causar durante el ejercicio, por un capital mínimo
de 600.000 euros por año, y una garantía de 60.000 euros para afianzar las cantidades
entregadas.
Fuente:
http://www.elmundo.es
|
